El Pleno del Senado de la República aprobó este martes, con 79 votos a favor, 34 en contra y ninguna abstención, el dictamen que reforma la Ley Federal de Derechos para el 2027. Con ello, la Cámara Alta inició la discusión en lo particular de las disposiciones que los legisladores buscan modificar.

La Ley Federal de Derechos forma parte del paquete de ingresos para el 2027, que también incluye la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR). Ambas propuestas fueron presentadas este martes y están pendientes de discusión y votación.

Al presentar los tres dictámenes, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Miguel Ángel Yunes Márquez, explicó que las propuestas actualizan los derechos que cobra el Estado por determinados servicios y por el uso de bienes públicos.

"El dictamen de la Ley Federal de Derechos tiene como principales objetivos actualizar, por un lado, las cuotas de determinados servicios que presta el Estado y, por otro, las correspondientes al uso, goce o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación", señaló el senador de Morena.

Yunes Márquez afirmó que las modificaciones parten del principio de que los derechos cobrados por los servicios deben guardar una relación razonable con los costos que implica su prestación. Con los cambios propuestos, el Gobierno federal prevé recaudar 177,185 millones de pesos por concepto de derechos, de acuerdo con la proyección incluida en la LIF del 2027.

El presidente de la Comisión de Hacienda añadió que la Ley de Ingresos contempla recursos totales por 10 billones 636,488 millones de pesos. De ese monto, 6 billones 263,886 millones de pesos corresponderían a impuestos.

Oposición cuestiona los aumentos

Durante la discusión, la senadora del PAN Imelda Sanmiguel sostuvo que la propuesta carece de fundamentos y objetivos ajustados a las necesidades del país.

"La Ley Federal de Derechos carece de fundamentos y objetivos ajustados a las necesidades del país. En primer lugar, los mexicanos deben saber que en este proyecto Morena impulsa el incremento de impuestos. Ya es necesario preguntarles para qué y por qué. Nos quieren cobrar más por malos servicios", afirmó.

Por su parte, el senador del PRI Gabriel Elizondo Pérez cuestionó el aumento de 17.8% en el derecho que pagan los visitantes extranjeros. Agregó que, si se cobrará más a quienes visitan México, también se debe invertir más en los destinos turísticos.

"En municipios de mi estado como Parras, Múzquiz, Cuatrociénegas, Candela, Guerrero, Arteaga, General Cepeda y Viesca, así como en todos nuestros pueblos mágicos de México, hay comerciantes, cocineras, cocineros, artesanos y familias enteras que viven del turismo. Ese dinero también debe regresar a esas comunidades", destacó.

En defensa del dictamen, el senador de Morena Gerardo Fernández Noroña acusó que los gobiernos del PRI y del PAN endeudaron al país para apropiarse de los recursos. También recordó que ambas fuerzas políticas respaldaron el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

El legislador llamó a "seguir haciendo un buen manejo de las finanzas públicas, a seguir cumpliendo con los compromisos que hicieron en campaña con el pueblo de México y a seguir honrándolos, trabajando con amor, entrega y honradez".

¿Qué cambios contempla?

Entre las modificaciones se encuentra el aumento del Derecho de No Residente (DNR), que pagan los visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, el cual pasaría de 988 a 1,158 pesos. También se plantea homologar en 1,639.80 pesos la cuota para las visas ordinarias expedidas en pasaportes extranjeros.

Para el uso del espacio aéreo mexicano, el dictamen propone un incremento de 10% en las cuotas que pagan las aeronaves, además de un aumento de 16% en los derechos de inscripción, inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

En el sector ferroviario, la tasa aplicable a concesionarios con más de 15 años de operación subiría de 1.25 a 3%. La propuesta también incrementa alrededor de 30% algunos derechos relacionados con actividades forestales, vida silvestre y prevención de la contaminación.

Además, actualiza las cuotas de los servicios de certificación zoosanitaria, fitosanitaria y de sanidad acuícola, así como las vinculadas con el agua y la protección ambiental.

En telecomunicaciones, el dictamen plantea que durante el 2027 las cuotas por el uso de las bandas de frecuencias de 600 y 700 megahercios no estén sujetas al mecanismo ordinario de actualización inflacionaria, debido a su importancia para la prestación de estos servicios. En otros segmentos del espectro radioeléctrico se proponen reducciones de hasta 12% en determinados derechos.

La reforma también actualiza la clasificación y las cuotas por el uso, goce o aprovechamiento de la zona federal marítimo-terrestre y de los ambientes costeros.

En materia cultural, 53 museos y zonas arqueológicas quedarían exentos del cobro de derechos durante el 2027. Las personas de 60 años o más tampoco pagarían entrada a museos, monumentos, sitios y zonas arqueológicas administrados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.